Se abrió una caja de pandora que los calculistas politicos que asesoran al presidente Duque, entre ellos Alvaro Uribe Velez jamas pensaron que se abriría.

Muy al estilo de Uribe, sin tener en cuenta en nada las necesidades de los más necesitados, el gobierno de Ivan Duque tramitó una reforma triburaria para enfrentar las aflugias económicas que ha producido la pandemia. La reforma tramitada por el el gobierno buscaba captar recursos en los sectores más vulnerables del país, mientras que eximía a los grandes capitales (aunque habían tímidos artículos para que contribuyeran) y protegía a los grandes evasores que fueron y han sido aportantes del partido de gobierno.

A cualquiera le puede parecer inverosímil y hasta suicida que alguien tramite una reforma tributaria en medio de una pandemia, pero quienes gobiernan confiaban en que la gente lo iba a aceptar tarde o temprano y que, precisamente la pandemia iba a restringir o a desestimular la protesta social. Ese cálculo politico que realizaron desde el ministerio de hacienda, Alvaro Uribe y hasta el mismo presidente, falló y lo que estalló fue una crisis social sin precedentes en el país.

Hablo de una caja de Pandora, porque se pensó que la reforma tributaria iba a ser el unico elemento que inquietase a las personas y en realidad no fue así. La reforma fue la excusa, pero en estos momentos estudiantes protestan por los incumplimientos de Iván Duque frente a la financiación de las universidades públicas; transportadores bloquean vías nacionales por el alto precio de la gasolina en un país productor y por las inexistencia de regulación frente a las nuevas plataformas de transporte; productores agrícolas protestan por las fumigaciones de Glifosato (leyeron bien) a los cultivos de coca que afectan a otros cultivos y a bosques en regiones altamente biodiversas; trabajadores que protestan por la pauperización de las condiciones laborales y muchas personas, pero muchas, por el manoseo y la estigmatización de Alvaro Uribe y algunos medios de comunicación en contra de los manifestantes. Desde un día antes, sin haber marchas, ya Uribe y periodistas de SEMANA y RCN señalaban de vándalos y criminales a los manifestantes (en un mundo donde ya no hay cómo retractarse de lo trinado, de lo posteado y de lo grabado).

En esta caja de Pandora también hay delincuentes, claro que los hay. En qué proceso social en Colombia no habrá. Si algo nos ha dejado el narcotráfico y el conflicto armado es gente que no tiene reparo en cometer delitos y pobreza que permite reclutar al mundo ilegal cada vez más y más personas. Pero olvidan algo, son personas y tienen familia y así estén lucrándose de un negocio ilegal, pues también van a salir a defender a sus barrios, sus ciudades, sus amigos y familiares.

¿Qué lleva a estos delincuentes a enfrentarse a las fuerzas armadas? Pues esto habrá que estudiarlo, por ahora hay que decir es que han respondido con fuego también al fuego que han accionado los integrantes de las fuerzas publicas, principalmente la policía. Y con estos últimos finalizaré el documento.

Así como el quiebre del contrato social en Colombia ha producido delincuentes (que no se puede negar que existan), también ha producido una policía y un ejército reactivos que para sobrevivir han debido hacer cosas que en todo el mundo son condenables y que no deberían repetirse. El abandono estatal también aplica a las fuerzas armadas que han sido el escudo del CD y los bomberos en cada uno de los desatinos de este movimiento político, entre los que se incluyen los falsos positivos, la brutalidad policial y la impunidad.

La policía como nunca en la historia ha excedido y por mucho los límites en la defensa de los derechos humanos y ha restringido las movilizaciones pacíficas, ha asesinado a jóvenes desarmados, ha violado a mujeres, ha ocasionado daños a bienes públicos y ha usado el gas lacrimógeno en sitios donde sabe que afectaría a poblacion vulnerable de salud como en centros médicos y ancianatos. 

Las cifras oficiales están muy lejos de retratar la realidad, al día de hoy en 11 ciudades capitales (diferentes a Bogotá) se registran 23 homicidios a manos de la fuerza pública, en donde incluso en dos casos se pudo prestar asistencia médica que fue impedida por los agentes de la policía. Los videos caseros tomados por celular apenas muestran una parte de esa brutalidad policial, pero los testimonios de cientos de miles de ciudadanos dejan ver lo lejos que están estas fuerzas de restablecer el orden público altamente alterado por el estimulo de una reforma tributaria y por la comodidad de un expresidente que no tiene contrapeso en el país.